Pablo Gómez informa sobre lo que García Luna le robó a México
El presidente López Obrador comenzó su mañanera presentando a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para informar sobre el juicio que se sigue en Florida contra Genaro García Luna y sus socios por defraudación al Pueblo de México.
Gómez aseguró que este es el primer gobierno que incorpora como línea política la lucha contra la corrupción y denunció las prácticas de sexenios pasados en especial del Ramo 23, los llamados gastos discrecionales ejercidos por el presidente de la República.
Al presentar la trama de corrupción urdida por García Luna, Pablo Gómez advirtió que efectivamente un juez en Estados Unidos va a resolver en unos días la sentencia del exsecretario de Seguridad Pública por la serie de delitos relacionados al narcotráfico, por los que ya fue declarado culpable pero del que aún falta que se dicte la pena que se le impondrá.
También mencionó que hay un proceso en materia civil cuyo demandante es el gobierno de México que reclama en una Corte de Estados Unidos 634 millones de dólares que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Aclaró que no se va a juzgar en Florida la legalidad de los contratos firmados, pues esto es jurisdicción de México, sino que habiéndose realizado actividades ilícitas en México el dinero salió al extranjero y a través de una triangulación se entregó una parte de ese dinero a quien gestionó esos contratos.
El funcionario dio cuenta de los pagos millonarios de los 30 contratos del Grupo Weinberg, desde la Secretaría de Gobernación con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), así como de la Secretaría de Seguridad Pública con la Policía Federal y señaló al detenido Jonathan Alexis Weinberg Pinto como uno de los principales dueños y operadores de este grupo de instrumentos fraudulentos para transferencias a paraísos fiscales; dijo que es ciudadano estadounidense, ciudadano mexicano y ciudadano israelí. Detalló que el día de su arresto en España llevaba un pasaporte polaco y al parecer tenía otros pasaportes.
El exsenador morenista habló de la recuperación de casi dos millones de dólares a través de una resolución judicial y señaló a Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de García Luna y una de sus socias principales de lo que fue en México la empresa Black Security Consulting Technology Reach Management. También mostró cómo el juicio implica la participación del gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Corte tendrá que resolver sobre el dinero ilícito de García Luna, pues el Gobierno Mexicano exige que se lo devuelvan.
Ante las recriminaciones a grito pelado de Dalila Escobar de Proceso, Pablo Gómez explicó que la UIF no es la autoridad que deba entregar públicamente contratos, porque no firmaron esos contratos; explicó que la autoridad les muestra los contratos y ellos hacen un análisis no solamente de esos contratos sino de la operaciones de carácter financiero que están involucradas en esos pagos.
Aclaró que no hay el menor problema ni nunca lo ha habido para entregar datos o referencias sobre el asunto de Pegasus, cuyo equipo se compró sobrevaluado, es decir, que hubo un fraude pues se compró por más de lo que se debía.
Detalló que dos personas que solicitan la información a través del INAI piden que muestren el diagnóstico, el cual hace referencia a la tecnología que utiliza la UIF en sus actividades que le corresponden, la cual no es ni puede ser pública, pues es por definición un asunto de Seguridad Nacional y todas las Unidades de Inteligencia del mundo confeccionan sus instrumentos de análisis y la de México ha creado su propia tecnología adecuada a las facultades que tiene.
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